Declaración Responsable + Administración Electrónica = ¿Productividad?
Cuando el sector privado (capital, promotor, técnico) quiere iniciar una actividad sujeta a los preceptos legales que debe cumplir, surgen dudas, cuestiones e incluso "bulos" sobre cómo va a ser su relación en las próximas semanas con la administración competente que debe autorizar dicha actividad.
Desde la entrada en vigor de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, se ha instalado una nueva forma de relación de los ciudadanos con la administración.
Esa ley ampara la veracidad en la acción de un ciudadano a través de una "declaración responsable" que le permite iniciar una actividad agilizando la burocracia, eso unido a la implementación de la administración electrónica, añade una mejora en los indicadores de productividad y crecimiento económico de la sociedad.
En contrapartida hay dos aspectos, por un lado el desconocimiento por parte de las ciudadanas y ciudadanos de esta nueva filosofía de relación con la administración y de esa mejora aparejada en la productividad y la gestión de su tiempo, y por otro que en la "declaración responsable" reflejas con la firma del ciudadano TODO lo que vas a ejecutar en esa actividad y que CUMPLE con toda normativa vigente, y eso en algunos grupos de personas no queda del todo claro porque o bien se quiere hacer lo que no se puede o quieren presentar en esa "declaración responsable" menos de lo que realiza, es ahí donde la administración competente debe reservarse las garantías para que exista el cumplimiento de la ley y la no desigualdad de trato entre personas.
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